Un aporte al debate desde el mundo del trabajo
Como es bien sabido, la transformación radical del régimen previsional fue decretada bajo dictadura mediante el D.L. 3.500 en el año 1980, cuyo propósito fundamental era imponer a los y las trabajadoras un esquema basado en la “capitalización individual” y la “contribución definida”. Ello implicó la renuncia del Estado a proveer este servicio clave de la Seguridad Social, transfiriendo su gestión a sociedades anónimas (AFP). Desde entonces, las pensiones valen de acuerdo con el ahorro que cada asalariado haya realizado a lo largo de su vida laboral y a su capitalización en los mercados financieros. A partir de entonces el Estado liberó a los empresarios de cualquier aporte al nuevo sistema.
Este “experimento pensional”, que recae exclusivamente en el “ahorro forzoso” de los y las trabajadoras, ha chocado desde los inicios con la realidad, requiriendo de reiteradas reformas gubernamentales para sostenerlo (“perfeccionarlo”, dirán algunos). Pero ellas no han sido suficientemente efectivas, así lo demuestra la larga crisis que viene sufriendo la capitalización individual y que necesita reformarse de manera profunda para continuar sobreviviendo. No es una tarea fácil, el panorama de las pensiones es dramático y los diagnósticos son muy disímiles. Ya fracasaron dos gobiernos en esta tarea, ahora estamos en el tercer intento. Estas notas están orientadas a facilitar la comprensión de este proceso desde el punto de vista de las y los trabajadores.
Las discusiones de los últimos 10 años acerca de reformar el sistema de pensiones han estado empantanadas ante la existencia de posiciones liberales aparentemente contrapuestas. Por un lado, encontramos a quienes están atrincherados en la defensa de las soluciones ideales (la capitalización individual) impuestas en 1980 y que todavía confían en realizar ciertos cambios a la realidad para acercarnos a esa ficción. Desde otra perspectiva, están quienes a partir de los mismos resultados de la capitalización individual -pensiones paupérrimas- postulan algunos cambios en orden a corregir este “mercado imperfecto” con la ayuda estatal.
B.- LOS DILEMAS DE LAS NEGOCIACIONES DE LA REFORMA
Desde los inicios, las negociaciones operan en un terreno fangoso, localizándose en la esfera legislativa, altamente cuestionada por la ciudadanía. Además, en el Senado se enfrentan fuerzas con distinto peso político, siendo la derecha opositora la predominante. Aunque ambas comparten el propósito de seguir fortaleciendo la capitalización individual (el Pilar Obligatorio), las diferencias estarían ubicadas en cómo visualizan la “estructura del mercado” de pensiones (mercado perfecto v/s mercado imperfecto) y, por consiguiente, en la naturaleza del papel estatal (subsidiario o interventor activo). Las “mesas técnicas” poco pueden hacer en aportar a dilucidar estos dilemas, están comprometidas con el sistema.
C- ¿PUEDE DESTRABARSE LA NEGOCIACIÓN?
Muchos esperaban que la “comisión técnica” pudiera contribuir en despejar las negociones, pero mostró no estar preparada teóricamente para consensuar un acuerdo sobre el tema más relevante: la distribución del 6% adicional. Las diferencias entre los tecnócratas vienen repitiéndose desde la llamada Comisión Bravo. En esa ocasión, las dos grandes visiones en disputa terminaron virtualmente empatadas a la hora de votar las resoluciones (2015). Para peor, tampoco hubo reforma de pensiones (segundo mandato de Bachelet). Desde entonces, las “comisiones de expertos” han tendido a devaluarse.
En estas condiciones, la única vía para superar este impasse pareciera ser la aparición de alguna grieta política en uno de los dos bloques en disputa, rompiendo así la homogeneidad mostrada hasta ahora. Para avanzar en ese camino, el gobierno debe mantener la iniciativa a sabiendas que no tiene mayoría en el Senado, y para ello debe presentar una nueva propuesta.
D.- LAS PERSPECTIVAS INCIERTAS PARA ALCANZAR UN ACUERDO
Lo que ocurra durante agosto será decisivo para el futuro de las conversaciones en el senado. La pretensión del ministro Marcel, asumiendo ahora abiertamente el liderazgo del bloque oficialista en las negociaciones, desplazando al Ministerio del Trabajo, es que el documento presentado recientemente sirva como marco para la discusión en particular del proyecto de reforma.
Que la negociación pueda destrabarse no significa alcanzar ciertos acuerdos definitivos sobre pensiones, pero ambos requieren la aparición de grietas políticas. Una condición básica para lograr un acuerdo exige reunir la fuerza (de gobierno y parte de la oposición) que alcance el quórum suficiente para que el proyecto sea aprobado. De ser así, generaría costos políticos en general y habría que evaluar cómo se distribuyen (entre quienes aprueban y quienes desaprueban). De todas formas, el peligro que se corre es caer en una reforma que no reforma y que, en pocos años, nuevamente tendrá a millones exigiendo respuestas y ahí, en ese momento, quienes aprueben un desaguisado como este, serán interpelados a rendir cuentas.
Teniendo presente la experiencia vivida con la reforma a las pensiones en el año 2008, que al poco tiempo comenzó a mostrar su insuficiencia, debería preocuparnos en este nuevo intento, la sostenibilidad en el largo plazo de la reforma. No es permitido caer en la reforma por la reforma, sin considerar si ella da respuesta o no a la dramática crisis que viven las pensiones en Chile. Por las aproximaciones dominantes de la reforma, pareciera que vamos ineludiblemente hacia una reforma muy desdibujada con respecto a sus objetivos iniciales.
Una aproximación integral, que contemple las articulaciones que presenta el actual proceso de reforma de las pensiones con el proceso de acumulación financiarizado (mercado de capitales y mercado de trabajo) y el régimen político que lo sustenta, nos ayudaría a comprender mejor las condiciones de los debates actuales y los límites que encontraría una eventual reforma decidida desde las alturas.
EN RESUMEN
Después de 20 meses de arduo debate, resulta incomprensible que una propuesta inicial (nov. 2022) que contemplaba un 6% a un seguro social para mejorar a los actuales pensionados y compensar las brechas de género, hoy, con una fracción menor, 3%, se puedan obtener los mismos resultados.
Existen al menos dos cuestiones preocupantes, que tanto el “documento marco” de Marcel, como los comentarios de las AFP coinciden y, que son atentatorios a los intereses de los afiliados. Primero, el que se aumenta sin ninguna justificación la contribución con cargo a las y los trabajadores en un 0,5%, pasando de un 10% a un 10,5%, ello implica transferir anualmente de cargo de los salarios más de 470 millones de dólares al mercado de capitales y, segundo, la insistencia de presionar por la vía de los hechos, para que las mujeres se pensionen a los 65 años y no a los 60 años como ocurre hoy en día.
En efecto, la propuesta del gobierno persiste en que los beneficios de la PGU y todo otro mejoramiento como, por ejemplo, la corrección de la brecha de genero se hará solamente cuando la mujer cumpla los 65 años, esto se suma al planteamiento de las AFP en orden a modificar la edad de retiro de las mujeres con lo cual hay plena coincidencia entre el Ejecutivo y las AFP.
Además, si no hay división de la industria las comisiones no bajarán, por tanto, el aumento de contribución de cargo del trabajador del 0,5% que plantea el gobierno no se justifica. Sobre este punto hay silencio del oficialismo y de la derecha.
En definitiva, nos preocupa hasta dónde puede seguir cediendo el oficialismo, sobre todo con el actual liderazgo de Marcel. Por ejemplo, en cuanto a la distribución del 6%, ¿Estará dispuesto a aceptar un 4-1-1- o un 5-1? En su lógica de fortalecer el mercado de capitales, podría terminar aceptando una de esas combinaciones, lo que sería en realidad una verdadera derrota para el mundo del trabajo.
Por otro lado, llama la atención la insistencia de mantener el pilar esencial del modelo de cuentas individuales, ya que continuar bajo esa lógica es prorrogar la crisis social y financiera que tarde o temprano deberá asumir el Estado.
Incluso, la situación futura puede ser peor; un mayor aporte a las AFP no es garantía de mejores pensiones, debido a la caída de las rentabilidades de los fondos y a sus negativas proyecciones. Según datos de la propia Superintendencia de Pensiones, un punto menos de rentabilidad en veinticinco años puede significar un 20% menos de pensión. Es muy probable, entonces, que quienes se pensionen en los próximos 20 ó 25 años, no logren mejores pensiones que las actuales a pesar de aumentar en un 40% ò 50% las contribuciones respecto de las actuales.
Rentabilidad real anual del valor cuota del fondo C por década (1981-2024)
Periodo | Rentabilidad real anualizada |
Años 1981-1990 | 12,04% |
Década 1990 | 9,93% |
Década 2000 | 5,72% |
Década 2010 | 4,80% |
Desde 2020 | -0,89% |
Años 1981-2024 | 6,94% |
A la caída de las rentabilidades hay que agregar la densidad promedio de las contribuciones, actualmente para hombres se halla en 24 años, mientras que para las mujeres en solo 17 años. Ambas variables influyen en la tasa de reemplazo que lograran las personas al momento de pensionarse. Quienes se jubilaron el año pasado y que cotizaron entre 35 a 40 años obtuvieron una “tasa de reemplazo” promedio de 32,6% y, en el caso de las mujeres fue de 24%.
Acomodar la realidad a los modelos matemáticos ejemplificados por Marcel, así como lo sostienen los defensores de la capitalización individual, chocarán inexorablemente con la triste realidad que viven y padecen millones de trabajadores. El aumento del empleo informal, la sostenida incorporación tecnológica (Inteligencia Artificial) en diversas áreas de la economía destruyen fuerza de trabajo creciente y, se agravan en un país cuya matriz principal es el sector servicios, de allí, que resulte un contrasentido persistir en fortalecer un modelo que no está concebido para pagar buenas pensiones, un modelo que no está concebido para Chile. Es un contrasentido entonces sostener que hay que aumentar el ahorro, cuando el empleo formal no crece y los salarios se hallan deprimidos.
Es urgente una reforma de pensiones, pero no cualquier reforma.
Por de pronto, se necesita resolver la urgencia que requieren miles de compatriotas. De allí, que insistir en una reforma como la que se debate en el Congreso es un profundo error, y por tanto proponemos, transitoriamente:
Una Ley Corta de iniciativa presidencial, que se remita a lo sustantivo y permita que sea el Congreso quien la vote, ya sea para aprobarla o para rechazarla. Es el único camino que observamos para enfrentar una materia que millones demandamos y que no es tolerable seguir prorrogando.
Para su financiamiento, proponemos:
La discusión sobre una reforma estructural puede debatirse en otra oportunidad abordando sin prejuicios los verdaderos problemas que el sistema arrastra por 43 años que se explican por la crisis de las cuentas individuales.
Avanzar hacia un sistema solidario exige un mayor compromiso de parte del Estado.
Al momento de finalizar este documento, nos enteramos del protocolo presentado por la ministra Jara en la Comisión del Trabajo del Senado, comprometiéndose a despachar en enero de 2025 el proyecto del Senado. Este es un pacto del gobierno con una comisión, por lo cual nada puede aventurarse sobre los contenidos de esa reforma, mucho menos de los resultados que se alcancen de la misma, pero, lo alarmante, es que se abre la posibilidad en ese protocolo de modificar unilateralmente la edad de jubilación de las mujeres, tal cual lo solicitan las AFP, situación que de concretarse sería extremadamente grave.
COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES NO+AFP