A la opinión pública, a los cotizantes y a los actuales pensionados de Chile:
Las pérdidas históricas del Fondo E y Fondo D durante 2026 -estimadas en 11.000 millones de dólares- nos obligan a pasar de la indignación digital a una estrategia jurídica y financiera rigurosa.
Rechazamos que el gremio de las AFP normalice este desastre como una “fluctuación del mercado” o “inversión a largo plazo”. Los antecedentes demuestran una exposición imprudente a instrumentos derivados y swaps de tasas de interés, transformando el fondo más conservador del sistema en un escenario de alto riesgo para los actuales y futuros pensionados.
El ahorro obligatorio de millones de trabajadores no es un casino. Las AFP tienen obligaciones legales estrictas de seguridad, rentabilidad y control de riesgos. Cuando estas se infringen, la fe pública se quiebra. No aceptaremos que este perjuicio sea tratado como un accidente anónimo del mercado: aquí existen administradores, reguladores y decisiones con nombres y apellidos que deben responder ante los tribunales.
Convocamos a afiliados afectados, abogados, economistas, actuarios y contadores a constituir un frente de trabajo interdisciplinario bajo tres ejes de acción inmediata:
1. Auditoría Financiera y Demanda Civil contra las AFP
La acción judicial debiera acreditar una administración contraria al deber de prudencia legal. Para demostrar la causalidad de las pérdidas, el equipo interdisciplinario debiera reconstruir las complejas operaciones con derivados, medirá la exposición a las tasas y determinará las pérdidas reales.
No basta la crítica económica; cada daño financiero se traducirá en un incumplimiento legal concreto. El objetivo técnico es determinar, AFP por AFP, la diferencia entre el patrimonio previsional existente y el que habría existido bajo una administración prudente, exigiendo judicialmente la restitución total de los perjuicios.
2. Demanda Subsidiaria contra el Fisco y Exigencia al CDE
La Superintendencia de Pensiones posee potestades expresas de fiscalización que omitió ejercer oportunamente. Investigaremos judicialmente qué sabía la autoridad sobre la exposición a derivados y desde cuándo.
Si demostramos que el regulador actuó de forma tardía o negligente mientras el ahorro previsional se destruía, interpondremos una demanda subsidiaria contra el Fisco por falta de servicio. Asimismo, por la masiva afectación al interés general, exigiremos formalmente que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) asuma la defensa activa del patrimonio de los contribuyentes vulnerados.
3. Emplazamiento Público y Evaluación de la Reforma
Esta crisis devela una falla estructural. La reforma previsional de 2025 no solo mantuvo intacta la capitalización individual forzosa, sino que aumentó el negocio privado en beneficio directo de las AFP. El afiliado sigue obligado a entregar su 10% a administradoras privadas, asumiendo en solitario el 100% del riesgo financiero por las malas decisiones de terceros.
Implementaremos un Registro Público para enviar cuestionarios técnicos e interpelar a las AFP, ministerios y parlamentarios que aprobaron la reforma de 2025. Exigiremos que expliquen públicamente qué garantías técnicas ofrecieron para proteger los fondos de este tipo de colapsos.
4. Hoja de ruta para los afectados
Iniciamos hoy dos tareas críticas simultáneas:
Nuestra propuesta es concreta: reparación económica y esclarecimiento histórico. Frente a la pasividad política tradicionales, los trabajadores opondremos rigor técnico, organización ciudadana y acciones judiciales firmes.
¡A defender nuestras pensiones y exigir la restitución de los
ahorros de toda una vida!
Santiago, 16 de octubre de 2026.
Súmate a la Acción Colectiva llenando el siguiente formulario:
Registro de afectados por caída fondos D y E: https://forms.gle/nQyQC6ggnHwyQdkH9
