¿Por qué es urgente derogar el decreto ley 3.500?

El decreto ley 3500, fue el mecanismo legal utilizado bajo dictadura para dar forma y legitimar el sistema de AFP, reemplazando con ahorro individual el sistema previsional solidario que existía hasta 1980. A 39 años de su implementación, ha quedado muy claro que fracasó totalmente para garantizar pensiones dignas y suficientes. Un sistema de pensiones debe medirse en función de su misión propia, es decir, otorgar pensiones que signifiquen un amparo económico suficiente por medio de pensión en la vejez, invalidez y muerte. En estos tres propósitos las AFP no cumplieron dicho objetivo.  Hoy, un número considerable de pensionados se debate en el umbral de la pobreza y lo que es peor, las futuras generaciones están condenadas a una situación similar.

Es tal la evidencia y el desparpajo de quienes defienden el sistema de capitalización individual que nos sorprenden afirmando que no es responsabilidad de las AFP las bajas pensiones pues su misión no es otorgar pensiones, sino invertir los ahorros forzados de los trabajadores en el mercado de capitales y que en esa misión lo han hecho muy bien. Para su desgracia, una nueva crisis financiera destruye esta peculiar  tesis, que por cierto, nada tiene que ver con Seguridad Social y de golpe, hace caer el valor del ahorro de los trabajadores en miles de millones de dólares.

¿Es posible remediar la crisis de las pensiones con reformas parciales?

La capitalización o ahorro individual ha sido descartado como un sistema eficiente de protección. Es un sistema individualista que deja al margen a quienes tienen ingresos de sobrevivencia y carecen de capacidad real de ahorro. Es un sistema rígido que no va recogiendo los avances de la sociedad, en especial el cambio tecnológico y  los cambios demográficos. El caso chileno lo deja patente, los pensionados de hoy registran en sus ahorros finales la desgraciada experiencia vivida desde 1981 hasta el fin de la Dictadura. El alto desempleo -que alcanzó al 30% en términos reales-  los bajos salarios y la baja densidad convierten en burla las altas rentabilidades obtenidas en las dos primeras décadas del sistema.

Por otra parte, dejar sujetas las pensiones en inversiones especulativas constituyen un crimen social y lo estamos viviendo, solo en el último semestre el valor del fondo total ha perdido valor por más de MUS$40.000 sin que podamos saber el curso que tomarán los rendimientos futuros.  La inestabilidad bursátil es incompatible con la seguridad social, en especial con la que requieren nuestros adultos mayores para sustentar en forma digna y económicamente la vejez.

El gobierno propuso antes de la crisis sanitaria y económica, una solución que considerábamos superficial.  En la hora presente, dada las proyecciones económicas, políticas y sociales es inaceptable debatir dicho proyecto, y es urgente, dada la incertidumbre, abordar rápidamente el cambio estructural del sistema, de lo contrario, se condenara a los actuales y futuros pensionados a la pobreza total. Además, resulta inaceptable que las soluciones planteadas recién vengan a tener impactos hacia el 2070, fecha en que recién podrían ser evaluadas; pero, en consideración a los cambios que está experimentando el trabajo y los retornos de las inversiones, responsablemente se puede sostener que las pensiones del futuro, que contarán con una mayor contribución, serán iguales o peores a las actuales, razón más que suficiente para dar paso a un nuevo sistema.  

Es un desprecio a los millones de engañados por José Piñera continuar por la misma senda que se aplicará en 1981. El sistema fracasó, ha sido rechazado por las grandes mayorías y hoy se persiste en desdeñar la demanda ciudadana, debatiendo en “comisiones técnicas” poco representativas que persisten en fórmulas fracasadas que solo maquillan un sistema dejando incólume el negocio de las AFP.

Hay que decir que la cotización patronal, por definición, es salario diferido y debe destinarse a solidaridad en su totalidad, pues es un impuesto al trabajo que soporta la sociedad toda, vía precios, menores salarios o empleos. La pretensión individualista promovida por los custodios del sistema de reclamar pertenencia o propiedad sobre esta cotización no tiene asidero. Son dineros para solidaridad.

¿Por qué se insiste en las AFP no obstante su fracaso?

Porque es un negocio privado de proporciones que favorece a las  transnacionales que lo gestionan y al gran empresariado que impone en su beneficio el uso del ahorro forzado mensual de los trabajadores.

No basta tener claro que las AFP no sirven y deben desaparecer. La pregunta verdadera es como se soluciona el problema de las pensiones.

Esta crisis sanitaria ha dejado de manifiesto el absurdo que miles de trabajadores están hoy expuestos a la miseria mientras sus cuantiosos ahorros están beneficiando a las grandes empresas que hoy los despiden o entregados a una tómbola financiera mundial que hace trizas su esfuerzo de años.

En esta coyuntura brutal hay que decir !basta!. Los ahorros para pensiones hay que destinarlos a pensiones, nada es más simple. El único camino es regresar a la seguridad social, a la solidaridad.

Primero que nada hay que ayudar si o si a los actuales pensionados traicionados por un sistema engañoso que los tiene en la miseria. Para eso se requiere de recursos. No podemos sostener toda la carga en un sistema tributario sostenido en un 45% en el IVA que pagamos todos los chilenos y en mayor medida los más pobres. Proponemos un aporte solidario de los activos a  través de los fondos de pensiones. También postulamos la necesidad de aumentar la cotización haciéndola esta vez de cargo del empleador, pero responsablemente vemos que el sistema ideado que hace recaer la carga inicial del mayor gasto de las empresas en el Fisco – hoy apremiado de requerimiento urgentes- no es viable.

Los trabajadores activos deben tender una mano a los pensionados (pasivos), pero el Estado debe devolverles lo que hoy les pida prestado cuando retornen condiciones de mayor normalidad. Junto con arreglar el tema de los pensionados, los fondos deben acudir en ayuda de los dueños de sus ahorros. Es inaceptable que trabajadores cesantes o con ingresos severamente disminuidos pasen la crisis mientras sus ahorros sirven a otros propósitos, a empresas nacionales o foráneas.

Es imperativo dotar al país de un seguro para la vejez sólido y decente.

Proponemos:

  1. Un seguro social solidario, con administración pública y no privada –sin AFP-  que se financie en forma tripartita:  trabajador,  empleador y  Estado.
  2. El sistema se financiará con los flujos mensuales que se perciben de cotizaciones y con aportes estatales, cuando se necesite.
  3. La parte de los flujos que no se utilicen deben formar un “fondo de reserva” cuya inversión no se destine a fondos especulativos foráneos sino a sostener un Plan de Desarrollo Nacional que genere empleo, buenos salarios y un crecimiento sano que cuide del medio ambiente, de buenas prácticas empresariales y de una justa redistribución del ingreso.
  4. Las prestaciones han de asegurar mínimos y máximos y estimular el ahorro.
  5. El destino de los ahorros acumulados, cumplirán el rol de pagar pensiones, y será reconocido a cada cual el monto actual de su ahorro a través de una cuenta nocional o “bono de reconocimiento” a UF+4%,  que se complementara con el fondo de reservas para pagar pensiones en función de los años cotizados (beneficios definidos).

Nuestra propuesta, se inscribe dentro de una alternativa que restituye la Seguridad Social. Sin embargo, tratándose de una materia de la importancia que para el país tiene, consideramos que lo fundamental en el actual debate es desterrar los dogmas por lo que estamos abiertos a debatir otras iniciativas que se enmarquen en los pricipios de la Seguridad Social.

Santiago, 29 de abril de 2020